Dossier Negro

José Fernández Pareja, conocido como el asesino de la Alhambra o el asesino de la luna llena, fue detenido el 26 de mayo de 1988 como presunto autor de la violación y el asesinato de la pequeña Aixa, de nueve años, y de la agresión sexual a Susana, de 14, que sobrevivió al ataque al hacerse la muerta. El criminal la abandonó creyendo que la había ahogado introduciéndole la ropa interior en la boca. Tras unos primeros momentos de indecisión y de buscar una coartada imposible, Fernández Pareja se confesó autor de los dos hechos, pero dijo que había actuado empujado por el influjo que tenía la luna sobre él. Posteriormente, cambiaría su versión y afirmaría que cometió sus crímenes bajo las órdenes del maligno; que no podía sustraerse a esa jerarquía demoníaca. ¿Acabaría el tribunal aceptando que el asesino de la Alhambra era un enfermo mental? El juicio despertó una enorme expectación en la ciudad de Granada. Mucho más en la sección Sucesos de La Vanguardia. Negro, naturalmente.

Unos operarios que saneaban los conductos de agua del recinto de la Alhambra descubrieron el cuerpo de una niña llamada Aixa, de nueve años, en mitad de la espesura de los bosques del conjunto monumental granadino. Ocurrió el 30 de octubre de 1987 y los ecos de aquellos días de dolor siguen resonando en la memoria de quienes estuvieron implicados o relacionados con el caso. La policía inició una investigación que contaba con pocos resortes de los que agarrarse. No había entonces ni móviles ni imágenes de vídeovigilancia. La única base sólida de la que partían era la de que el crimen tenía unas motivaciones sexuales muy claras. La conmoción fue tal que hubo en Granada una de las manifestaciones más grandes que se recuerdan en repulsa por el crimen. Sin embargo, ni el empuje popular hizo avanzar unas pesquisas que finalmente sí se verían reactivadas en la dirección correcta cuando por desgracia seis meses después apareció otra menor a la que había atacado el asesino de Alhambra. Había abandonado a su víctima en el mismo punto del bosque que Aixa creyendo que la había matado, pero no era así.

El 27 de enero de 1997 aparecieron tres cuerpos cosidos a balazos en la habitación número 21 del hostal La Ría, de Vilaboa, en la provincia de Pontevedra. Un testigo, escondido en un armario durante el tiroteo, pudo explicar lo que había ocurrido. Así se supo que en el escenario del crimen faltaba un cadáver que el asesino se había llevado horas antes oculto en su coche. La tregedia había empezado a fraguarse un tiempo antes cuando entre dos delincuentes habituales adictos a la heroína y socios en el delito se produjo una traición fruto de la ansiedad derivada de la adicción. El testigo clave señaló a José Manuel Rodríguez Lamas, alias El Pulpo, como al autor de la matanza de la habitación 21. Así, este atracador con sobrenombre de cefalópodo se conviertió en el hombre más buscado de toda Galicia. Era peligroso e iba armado.

La ciudad de Santander se vio sacudida en 1988 por la acción de un violador y asesino en serie que sentía predilección por mujeres ancianas. Las víctimas, además de su avanzada edad, compartían el hecho de vivir solas y de tener costumbres bastante fijas. Se supo que el aessino, después de estudiarlas, les ayudaba a subir la compra al piso o les hacía pequeñas reparaciones domésticas. Inicialmente, las autoridades se resistieron a admitir que había un criminal serial. Hubo familiares que reclamaron que se reconsideraran varias muertes de ancianas que inicialmente habían pasado como fallecimientos naturales y no lo eran. Cuando se confirmó la existencia de este gerontofílico criminal, la Guardia Civil y la Policía Nacional se pusieron a trabajar de forma conjunta. La reciente colocación de una puerta blindada en casa de la última víctima resultó ser la pista clave que conduciría a conocer la identidad del asesino de ancianas de Santander.

Sònia López es la madre de Laia Alsina, la niña de 13 años que, en junio de 2018, Juan Antonio López Ortiz, de 42 años, secuestró, violó y asesinó. El hoy condenado a prisión permanente revisable vivía esos días en el mismo bloque en que lo hacían los abuelos de Laia, que, con frecuencia, se quedaba con ellos por las tardes hasta que sus padres la venían a buscar. Al hablar con Dossier Negro, Sònia López crea un relato de una tremenda sinceridad en el que aporta, además de sus sentimientos y el modo en que ha elaborado el luto, elementos de debate que instan a la reflexión. En la conversación, por momentos, hace esfuerzos de contención y en otros, suelta un poco las riendas del discurso y se muestra enfadada.

Laia Alsina, de 13 años, desapareció en 2018 mientras bajaba las escaleras del edificio donde vivían sus abuelos, en el segundo piso de un bloque de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Su padre la esperaba en la calle con su coche para irse a casa, pero como si se tratara de un maldito hechizo durante el descenso su presencia se desvaneció. La familia y el vecindario se pusieron a buscarla por doquier desesperadamente. Un recorrido puerta por puerta por el edificio donde había desaparecida puso de manifiesto la preocupación de los inquilinos por el paradero de Laia y el deseo de colaborar excepto la del hijo de los señores del primero primera, que no mostró la mínima empatía, como si ocultara algo. Actuó como si ocultara algo y es que el cuerpo sin vida de Laia estaba escondido en una de las habitaciones de aquel primero primera la avenida Cubelles de Vilanova i la Geltrú.

El sangriento asesinato de un matrimonio judío en Melilla en 2005 enrareció el ambiente en la ciudad autónoma. La cuasa de aquella tensión radicó en que las sospechas del doble crimen recayeron en un ciudadano marroquí. El sospechoso de las dos muertes violentas fue el carpintero que había fabricado los muebles para el bebé que la pareja estaba esperando en el momento del crimen. El equilibrio de la ciudad orgullosa de sus tres culturas -la cristiana, la musulmana y la judía- estaba en peligro. El juicio por el doble asesinato fue uno de los momentos culminantes de este proceso que culminó de un modo inesperado.

El marido de Piedad Moya, Mohamed Taheri, del que hacía meses que se había separado, fue detenido por los Mossos d'Esquadra como sospechoso de la desaparición forzosa de la mujer. El arresto se produjo el 4 de mayo de 2014, un mes después de que la víctima resultara ilocalizable. La instrucción del caso entrañaba una enorme dificultad porque no había pruebas directas como ADN o huellas digitales que implicaran al sospechoso. La familia de Piedad Moya, a pesar de ello, estaba convencida de la implicación de Taheri en la desaparición de la mujer. El juicio se convirtió en una batalla legal sin cuartel entre la Fiscalía y los abogados de la defensa y la acusación particular.

El Tribunal Supremo hace tiempo que sentó jurisprudencia en el sentido de que se puede condenar a un acusado de homicidio o asesinato, aunque no se localicen el cadáver o cadáveres de las víctimas. El caso de Piedad Moya encaja a la perfección en este supuesto. Esta vecina de Mataró (Barcelona), de 44 años, desapareció el 4 de abril de 2014. Su familia la busca desde entonces sin descanso, aunque las opciones se agotan. La persona que se supone que acabó con la vida de la víctima, que permanece en prisión, nunca ha reconocido los hechos y, por tanto, sigue sin revelar a día de hoy dónde ocultó el cadáver.

El cuerpo de Encarnación Guardia, de 36 años, entró en el Instituto Anatómica Forense de Granada una fría noche de febrero de 1990. Su cadáver presentaba, a simple vista, atroces heridas localizadas en la zona vaginal y anal. Muy pronto se descartó que aquella muerte hubiera sido el resultado de una violenta agresión sexual. Encarnación había muerto en casa de su tía en el barrio del Albaicín mientras algunos parientes y un curandero, conocido como El Pastelero, practicaban una suerte de exorcismo convencidos de que el Maligno había dejada embarazada a la víctima.

Una disputa por un pequeño terreno donde la Junta Vecinal de Liermo (Cantabria) quería levantar en 1980 un parque infantil generó tal inusual tensión en la localidad que la discusión desembocó en una tragedia con siete muertos. Dossier Negro da una nueva visión de un suceso que algunos han etiquetado como el Puerto Hurraco del norte español, si bien la tragedia extremeña se produciría diez años después de la masacre de Liermo.

Un individuo vestido con ropa militar y que se movía por los montes de las comarcas limítrofes de las provincias de Valencia y Teruel evitando el contacto humano inició en los primeros días de 2020 una serie de robos en viviendas que en el momento del allanamiento no estuvieran ocupadas por sus propietarios. Vaciaba las neveras y se instalaba unos días. No hubiera despertado tanta atención de los vecinos y de la Guardia Civil si, cuando se le antojaba realizar ciertos desplazamientos, no hubiera robado vehículos a punta de escopeta. Su progresiva osadía con tales manejos, lo convirtió en un maleante montaraz perseguido por cielo y tierra. Finalmente acorralado por la Guardia Civil en Muniesa, el Rambo de Requena, como se acabó conociendo a Pedro Lozano Jiménez, abrió fuego contra los agentes malhiriendo a uno de ellos. Con su arresto, las andanzas de este salteador de caminos llegaron a su fin.

Quién más cerca la tenía resultó ser la persona que la justicia señaló como principal sospechoso y acabó siendo el culpable. Serafín Cervilla fue condenado por la muerte de su novia, ocurrida en febrero de 1999. La joven apareció muerta sobre las vías del tren en la localidad leridana de Cervera donde la pareja residía. Su cuerpo estaba semidesnudo y, aunque a primera vista pareció tratarse de un suicidio, muy pronto se descubrió que había sido asesinada y su cuerpo brutalmente ultrajado con la introducción de una barra de hierro por la vagina. Cervilla ha cumplido ya su condena y está en la calle. Jamás ha confesado el crimen. Mantiene su inocencia, aunque no quiere revivir lo ocurrido. Sin embargo, uno de sus abogados apuntala la versión de no culpable de su cliente más allá de los años.

Manuel Delgado Villegas confesó más de 40 asesinatos, aunque finalmente solo se le pudieron atribuir siete. A pesar de esa intensa actividad criminal, no llegó jamás a pisar una prisión y pasó sus días hasta la muerte, en 1998, en centros psiquiátricos. Se calcula que el periodo en que cometió los crímenes transcurrió entre 1964 y 1971. El móvil de los asesinatos siempre fue algo confuso como el mecanismo de su psique: voces que le empujaban a matar o discusiones por las cuestiones más nimias que desembocaban en un brutal ataque. En alguna ocasión, mantuvo relaciones sexuales con alguno de los cadáveres.

En la primavera de 2013, Miguel Ángel Domínguez, de 39 años, y su hija María, de ocho, aparecieron salvajemente apuñalados hasta la muerte en el domicilio del padre. El fallecido estaba en aquellos momentos en trámites de separación de la madre de la pequeña, Marianela Olmedo, que había abandonado hacía menos de 20 días el domicilio familiar para irse a vivir con un compañero de trabajo del supermercado donde estaba contratada. Los investigadores de la Guardia Civil concluyeron que la nueva pareja de Marianela, Francisco Medina, era el principal sospechoso del crimen, algo que desató una tremenda tormenta sentimental y mediática. Además, el pueblo de Almonte (Huelva) de donde eran todos los protagonistas se dividió en dos: los que creían que Medina, un devoto de la Virgen del Rocío, era inocente y los que no.

Ester Köves, de 30 años, tenía que volar de Budapest a Barcelona el 7 de abril de 2024, pero una vez aterrizado el avión se comprobó que la joven no había subido a bordo. Su madre, Mónica Ille, esperó largo rato en el vestíbulo de llegadas hasta que el personal de la compañía le confirmó que Ester no llegó a volar. Mónica, vecina del pueblo barcelonés de Sant Celoni desde 2006, a donde llegó procedente de Hungría, enseguida supo que algo muy malo había pasado. Su hija jamás cortaría de raíz la comunicación con ella, ni habría dejado encerrada en su piso del centro de Budapest a su estimada perrita sin agua y sin comida. Se encendieron las luces de alarma. A partir de aquel día, se inició para Mónica un largo calvario durante el que llegó a entrevistar y grabar en secreto a dos de los principales sospechosos de la desaparición. Esta madre coraje nunca desfalleció en el intento de encontrar a Ester, aunque el paso de los meses hacía prever el peor de los desenlaces. La incógnita se despejó el pasado 24 de febrero.

Laura Luelmo se trasladó de Zamora a la localidad onubense de El Campillo en 2018 porque había conseguido una plaza de profesora de artes plásticas en un instituto del vecino pueblo de Nerva. Pocos días después de incorporarse a la plantilla del centro escolar faltó a clase sin dar explicación alguna. Resultó muy extraño. La familia y los compañeros de trabajo se alarmaron y avisaron a la Guardia Civil. En casa de la joven, todo parecía estar en orden, pero ella no aparecía por ningún lado ni contestaba al móvil. Los guardias civiles preguntaron al vecino que vivía frente a la casa de Laura si había visto a la joven y este dijo que ni siquiera tenía noticias de esa casa estuviera habitada. No había visto ni oído nada. Ese vecino era Bernardo Montoya, que había dejado la cárcel tres meses antes tras cumplir 20 años de reclusión por varios delitos, entre ellos un homicidio.

En la primavera de 2012, la Audiencia Provincial de Las Palmas, se abre para juzgar a los responsables de un grupo de profesores de kárate que han estado abusando de alumnos menores durante años. El gurú de este grupo con trazas de secta sexual es el gran campeón Fernando Torres Baena. El desarrollo de las vistas, con los sobrecogedores relatos de las víctimas, se verá influido por la capacidad de Torres Baena de seguir controlando y manipulando la voluntad de los otros implicados, algo que conseguirá incluso a distancia. Eso conducirá a un final de sesiones plagado de tensión.

En enero de 2010, una adolescente de 15 años y su madre acudieron a comisaría a denunciar que en el gimnasio donde la menor practicaba kárate se estaba abusando sexualmente de algunos de los alumnos menores de edad. La policía le dio plena credibilidad a la testigo, que a la vez era una víctima de tales agresiones, y puso en marcha una investigación. El dueño del centro de artes marciales era el gran campeón de kárate, con responsabilidades en la federación canaria y la española, Fernando Torres Baena. Tras muy pocas entrevistas con otros alumnos, los investigadores descubrieron que las agresiones sexuales llevaban produciéndose desde hacía muchos años y afectaban a decenas de menores. Había otros monitores del gimnasio también implicados en las orgías con alumnos. El número de víctimas no dejó de crecer y crecer.

El uno de marzo de 1997, la pareja de amigos formada por Antonio Navarro y Fernando Domínguez salieron de Zaragoza en coche para llegar a Soria donde pretendían atracar un centro comercial. Ambos iban armados, uno con un revólver y el otro con una pistola. Una vez en la capital soriana secuestraron a un taxista. Querían llegar al supermercado en un coche que no fuera el suyo. Ese fue el primero error, la primera torpeza que conduciría a una cadena de desgracias. Los atracadores aficionados le dijeron al chófer que eran terroristas de ETA. Cuando el conductor fue liberado y pudo contactar con la Guardia Civil, se desplegó un gigantesco operativo. Sin cumplir el objetivo de atracar el centro comercial y habiendo dejado abandonado en un paraje solitario al taxista secuestrado, iniciaron una huida a pie. Se toparon entonces con una pareja de guardias civiles. Domínguez, que acabaría siendo bautizado por los medios de comunicación como el Rambo de Soria, tiroteó a los agentes dando muerte a uno e hiriendo al segundo. En la refriega, su compinche, Navarro, también resultó herido, solo que poco después acabó también muerto. Entonces, Domínguez huyó al monte dejando tras de sí un rastro de muerte. Se inició la caza del hombre.